El Ministerio Público Fiscal y la Auditoría General firmarán un convenio de complementariedad destinado a la capacitación de auditores de campo, en materia de delitos económicos. Este órgano de control lleva radicadas 37 denuncias penales desde abril de 2019.
El presidente de la AGPS, Dr. Gustavo Ferraris, se reunió con el procurador general, Abel Cornejo, con quien acordó avanzar en un convenio de complementariedad destinado a la capacitación de auditores de campo en materia de delitos económicos. La capacitación estará a cargo de fiscales especializados; en este sentido, Ferraris manifestó que el hecho de acceder a capacitación específica tiene como objetivo instruir a los auditores de campo sobre cómo reunir documentación precisa, la que posteriormente podría convertirse en la prueba que acompañe las denuncias que el organismo realiza cuando detecta la posible comisión de delitos en perjuicio de la hacienda pública.
Según la Constitución Provincial, la Auditoría General de la Provincia, tiene legitimación para comparecer en juicio por sí misma y en representación del Estado en los casos que se detecte, en virtud de las funciones atribuidas por la Carta Magna y las leyes vigentes, el posible daño patrimonial al Fisco. Además, la Ley Nº 7103, establece que puede actuar como sustentadora y proveedora de pruebas.
El presidente de la AGPS enfatizó la posibilidad de mejorar mecanismos interinstitucionales, para que la dinámica entre la sospecha, la denuncia, la investigación y posterior sanción de delitos contra la Administración Pública, sea ágil y concreta.
Por su parte, Cornejo manifestó que a pesar de que a la Auditoría General le compete el control posterior de las cuentas públicas, la capacitación de los auditores de campo permitirá mejorar la recolección de pruebas destinadas a sustentar posibles investigaciones formales. “Especialmente los delitos económicos exigen la investigación en tiempo real, porque esa es la forma de evitar mayores perjuicios al Estado. El desorden administrativo o, peor aún, los hechos de corrupción, frenan o directamente impiden la ejecución de las políticas públicas de estados municipales y organismos provinciales”, afirmó el Procurador.
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